EL FRACASO DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS EN MARIOLA FRUSTRA LA RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE BARXELL
Entre los años 2000 y 2007, en pleno boom nacional de la construcción, la Sierra de Mariola se convertía en el objetivo prioritario de un buen número de operaciones inmobiliarias, que tenían como objetivo el aprovechamiento turístico de este parque natural. El proyecto estrella era, sin ningún género de dudas, el campo de golf y la urbanización de 500 chalés en Xirillent. En el término municipal de Bocairent se proyectaba otro campo de golf, mientras en diferentes parajes de la sierra se cerraban las ventas de numerosas fincas a grupos procedentes del sector del ladrillo. En este ciclo especulativo tampoco faltó su correspondiente escándalo político, que saltó a la luz tras conocerse que el subsecretario de la Conselleria de Territorio, el alcoyano Ramón Doménech, había comprado a precio muy bajo una finca, ubicada junto al proyectado complejo de Xirillent.
En este ambiente de especulación y de grandes expectativas de negocio, se produce un vertiginoso cambio de propietarios en el castillo de Barxell. Las operaciones de compra y venta se suceden y en ellas aparecen involucradas empresas del sector de la construcción y grupos inversores con ramificaciones en el ladrillo. Sin que se presente ningún proyecto oficial, se barajan numerosas alternativas de futuro para el edificio: desde su conversión en un hotel de lujo, a su transformación en el club social de una urbanización, pasando por el inevitable campo de golf.
Ninguno de estos proyectos urbanísticos llega a cuajar y el presunto boom inmobiliario de la Sierra de Mariola muere antes de nacer. La crisis en la construcción y los problemas de impacto ambiental que comporta la afección de un parque natural dejan en el aire estas ambiciosas propuestas de desarrollo turístico. La paralización general afecta también al castillo de Barxell.
Mientras se desarrolla todo este proceso, crece la polémica ciudadana en torno a la mala conservación de este edificio protegido. Se recuerda que la Ley de Patrimonio faculta al Ayuntamiento de Alcoy y a la Conselleria de Cultura a aplicar sanciones y hasta a expropiar, en caso de que los dueños de la fortaleza no pongan en marcha la necesaria rehabilitación. Instituciones tan prestigiosas como el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueológics advierten de que el castillo está al borde de la ruina si no se actúa con rapidez para frenar el deterioro.
El último propietario del inmueble, un grupo inversor con capital de empresarios de l'Alcoià y la Vall d'Albaida, redacta en 2007 un proyecto de rehabilitación, que tres años después todavía no se ha puesto en marcha. En medio de este panorama, el Síndic de Greuges, en respuesta a una denuncia de los ecologistas, emite una dura resolución, en la que se insta al Ayuntamiento y a Cultura a asegurar la conservación del castillo, acusándolos implícitamente de no velar por el cumplimiento de la legalidad. La única respuesta municipal a esta grave advertencia es un mero anuncio de que se iniciaron gestiones con el Ministerio de Cultura para buscar ayudas para la rehabilitación, describiendo una hipótesis imposible de cumplir, ya que el Ministerio no puede actuar en edificios que son de propiedad partic