¿No es esa la labor de nuestros representantes públicos?

Como bien es sabido, TUASA es la empresa concesionaria del transporte urbano en Alcoi mediante un contrato programa suscrito entre empresa y ayuntamiento. Contrato en el que vienen detallados todos y cada uno de los parámetros económicos y de explotación que rigen esta concesión. Todo ello sufragado vía impuestos que salen del bolsillo de TODOS LOS ALCOYANOS y que al parecer desde el propio consistorio no se auditan o controlan como debiera en una concesión de esta magnitud para comprobar si realmente la concesionaria aplica debidamente esas partidas económicas para los fines que realmente se han concedido. Algunas ya quedan en el entredicho y son vox pópuli desde hace ya
algunos años…

Este “descontrol” afecta claramente a la calidad del servicio prestado a la ciudad y también sobremanera a las condiciones laborales de los trabajadores de dicha concesión.

En 2018 algunas de estas deficiencias fueron públicamente denunciadas y elevadas a pleno municipal mediante moción y aprobadas por unanimidad política (instalaciones de la concesionaria descuidadas, aseos insalubres etc.) a la vez que se hizo un llamamiento al consistorio para que supervisara las relaciones laborales y de seguridad laboral adecuadamente con sus trabajadores y trabajadoras además de manifestar, diferencias de cotización y salariales, a pesar de que la inspección de trabajo se personó en esas instalaciones corroborando lo denunciado anteriormente e instando a la empresa a subsanar todas esas deficiencias, seguimos igual. O peor.

Cuatro años después hemos tenido constancia de que la mencionada mercantil ha sido expedientada por el SEPRONA de la Guardia Civil por carecer de licencia de taller y lavadero, no cumplir las normas medioambientales exigidas, no tener decantador de aguas residuales y permitir que toda agua residual del lavadero vaya directamente al alcantarillado municipal y es ahí donde está el quid de la cuestión.

En la adecuación del contrato programa del 2005, se le concede a TUASA una subvención entre otros conceptos para “amortización de la nave o parte de ella destinada a talleres, herramientas, útiles, consumos eléctricos, telefónico, lavadero, etc“

En la modificación del régimen económico del contrato programa del año 2009 al concesionario se le concede en la revisión del índice del coste laboral un incremento de la subvención a aportar por el ayuntamiento en concepto de: “Incremento de la antigüedad laboral media entre el año objeto de liquidación y el año precedente, calculado sobre deslizamientos provocados por el incremento de antigüedad".

Respecto al mantenimiento, poco o nada hemos mejorado. Los aseos se reformaron tras una denuncia de un trabajador de esta Sección Sindical tras años de insalubridad.. En cuanto al concepto del plus por antigüedad laboral en la empresa, la empresa no comenzó a computar adecuadamente en las nóminas de los trabajadores hasta el año 2019, a pesar de que TUASA fue condenada judicialmente en el año 2006 a computar adecuadamente los porcentajes de antigüedad a uno de los miembros de la sección sindical de CGT, instando el
mismo a la empresa que lo computase adecuadamente al resto de la plantilla.

La plantilla lleva años con un convenio lesivo en estas y otras materias. En esta concretamente, perjuicios de hasta el 20% en algunos casos debido a la NO aplicación de desde el primer día de contrato reflejada en convenio.

A pesar de la jurisprudencia judicial ya claramente demostrada en 2006 contra la propia concesionaria y en otras sentencias a nivel nacional en los que, queda claro que los pluses de antigüedad se deben computar desde el primer contrato y no desde que se alcanza la condición de trabajador indefinido. TUASA en 2019 emitió comunicado a sus trabajadores en el que se decía “debido a una reciente sentencia del tribunal supremo, vamos a reconocerle la antigüedad por los días realmente trabajados desde la fecha del primer contrato que concertó con Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy".

13 años en los que TUASA se ha embolsado dinero de los alcoyanos destinado a los trabajadores.

Desde CGT, no entendemos cómo la clase política o el propio consistorio se ponen de perfil ante estos hechos, vendiéndonos la fórmula de la privatización como la mejor opción sin ni siquiera auditar este tipo de concesiones como es debido.

¿Cómo puede ser que ningún organismo público tome cartas en el asunto y no active todos los mecanismos a su alcance para que el dinero de TODOS sea usado correctamente?

¿NO ES ESA LA LABOR DE NUESTROS REPRESENTANTES PÚBLICOS?